El 28 de noviembre de 2021, mientras Víctor Manuel Pérez y Francisco Agüero se casaban en Costa Rica, en Nicaragua la mujer trans Leslie Olivera vendía su cuerpo al mejor postor. Dos escenas opuestas que reflejaron cómo las políticas públicas de un país pueden facilitar la felicidad o llevar a la resignación a las personas LGBTI+.
Por: Redacción Central Galería News
Nicaragua; Costa Rica.- Pérez y Agüero, son dos jóvenes profesionales que se conformaron como pareja en medio de las adversidades comunes de las personas LGBTI+, pero el poder casarse no solamente les dio un nivel de felicidad y compromiso con el que antes no contaban, también les permitió hacer planes de familia, tener bienes en común, establecer un negocio juntos, y expresarse abiertamente como matrimonio.
Del otro lado de la frontera Olivera no solamente no puede casarse con la persona de su elección, sino que tampoco puede reunirse con otros miembros de la comunidad LGBTI+ en las calles en busca de aceptación.
Según la abogada especializada en temas de género, Argelis Montano, el matrimonio igualitario no se limita a “la pareja feliz”, también está relacionado con derechos y oportunidades que se adquieren o se dejan de gozar.
Si el matrimonio igualitario es un tema de debate en algunos países y no resuelve del todo el problema de la aceptación, en Nicaragua esta ni siquiera es una posibilidad, dado que la crisis local ha impedido que la comunidad LGBTI+ se exprese con toda la fuerza de sus colores, debido al rigor con que gobierna el exguerrillero sandinista Daniel Ortega.
“Les ha afectado, porque en los Días de la Diversidad Sexual en años anteriores, ellos hacían marchas, hacían sus festivales, pero de un periodo para acá no se puede hacer. Para ellos es negativo, porque con los carnavales, con las marchas, ellos se visualizan, entonces dan a conocer a la sociedad que ellos están ahí, que existen, que quieren participar y que están en este mundo viviendo, pues, y que están queriendo ser aceptados”, comentó Montano.
Nicaragua: un contexto que favorece la violencia
Según el activista, los miembros de la comunidad LGBTI+ no siempre denuncian agresiones en su contra, ya que a veces no son tomados en serio, lo que los convierte en personas vulnerables ante la violencia. Afirmó que tampoco pueden realizar manifestaciones en áreas públicas por las restricciones gubernamentales.
“En nuestro Código Penal existe el delito de discriminación, pero si una persona de la diversidad va a interponer alguna denuncia, la denuncia no es captada, porque es gay, porque es lesbiana, porque anda allí, en la calle, que toma licor, entonces, no es bien visto en la Policía Nacional”, sostuvo la abogada.
A pesar de que Nicaragua derogó en 1994 la “sodomía”, que sancionaba la homosexualidad, sus efectos han sido mínimos, de acuerdo con el activista, ya que desde 2018 todas las manifestaciones públicas están reguladas, incluyendo las del 28 de junio, que celebran el Día del Orgullo LGBTI+.
Un estudio realizado por el programa feminista La Corriente documentó 70 incidentes sufridos por la comunidad LGBTI+ en 2021, 67 de los cuales fueron agresiones, incluyendo 40 en contra de personas trans, dos suicidios y un asesinato.
“Las agresiones y actos de discriminación que a diario se cometen en contra de lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas trans nos hablan claramente de una sociedad que poco ha avanzado en el reconocimiento y el respeto a los cuerpos disidentes y por ende, a la pretensión de silenciar e incluso eliminar a todas aquellas personas que no se someten al orden heterosexista, misógino y machista”, concluyó La Corriente.
El estudio, elaborado en 2021, es uno de los más recientes sobre el tema, en un país donde las autoridades han cancelado más de 3.000 ONG, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Dichas cancelaciones afectaron a la comunidad LGBTI+, porque hizo desaparecer a las organizaciones que defendían sus derechos, así como organismos que promovían su aceptación e inclusión social.
“La orientación sexual y la identidad de género son factores relevantes en el origen de la violencia y la discriminación relacionadas con los conflictos en el caso de las personas LGBT”, resaltó la ONU en octubre de 2022, en una cita del experto costarricense en protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género Víctor Madrigal-Borloz.
Pérez, un nicaragüense que cruzó la frontera para huir de la crisis de su país, suspira con alivio, ya que no solamente encontró al amor de su vida en Costa Rica, sino que además pudo casarse con él.
“No tenía planificado en ningún momento casarme, hasta que vine a Costa Rica, un país más abierto, aunque conservador, un país que ha permitido, no digo accedido porque no es un derecho que nos han regalado, nos ha permitido tener los mismos derechos”, sostuvo Pérez.
Desde que entró en vigor el matrimonio igualitario en Costa Rica, el 26 de mayo de 2020 gracias a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que lo determinó como un derecho humano, un total de 843 parejas de la comunidad LGBTIQ+ han legalizado su vida en pareja, menos del 3 % de las 31.861 bodas heterosexuales, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos costarricense.
Un miembro de la comunidad LGBTI+, que también prefirió no dar su nombre, se mostró resignado frente al contraste entre ambos países.
“Sabemos que en Nicaragua la identidad de género no está permitida, todavía no hay una ley que acepte nuestro cambio de identidad”, sostuvo.
Un logro trascendental para comunidad en LGBTQ+ en Costa Rica
Pese al logro del matrimonio igualitario, no todo ha ido sobre rieles en Costa Rica. La investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, con sede en Costa Rica, Elvira Cuadra, recordó que el matrimonio igualitario no estuvo exento de polémica en este país.
“No ha sido fácil en diferentes partes del mundo romper ese tabú para que personas del mismo sexo puedan establecer ese vínculo de relación frente al Estado”
En Costa Rica, Pérez y Agüero se muestran satisfechos cada vez que hablan de sus proyectos conjuntos. Pero en Nicaragua, Olivera está convencida de que la legislación, tal como está, no le favorece “en nada” como miembro de la comunidad LGBTIQ+.
El matrimonio costarricense incluso puede adoptar hijos, si así lo desean, adquirir créditos en pareja, o heredar como cónyuge.
“No soy de los que cree en el discurso de Costa Rica la Suiza centroamericana, la Costa Rica el país perfecto, creo que tenemos muchísimas carencias, muchísima doble moral y muchísimo doble discurso en temas de derechos, pero bueno, logramos dar este paso, pero es el primer paso de un montón de luchas”, subrayó.
En Nicaragua, Olivera ha sufrido agresiones que la han dejado al borde de la muerte por su identidad sexual.
“Todos somos ciudadanos al igual que ellos (parejas heterosexuales), todos somos ciudadanos, ¿qué nos diferencia?, mi forma de expresarme, nada más, pero de ahí, el resto, igual”.
