Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Presas y Presos Políticos en Nicaragua aún  existen 171 personas encarceladas por motivos políticos, en cada uno de los juicios la arbitrariedad y la ilegalidad demuestran el terrorismo de Estado que existe en el país desde abril de 2018 a la fecha.

Por: Galería News

Managua, Nicaragua / San José, Costa Rica.13 de abril de 2022.- La noche del viernes 21 de marzo, Cristiana Chamorro Barrios, de 68 años, fue declarada culpable por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos después de permanecer bajo arresto domiciliar desde el 2 de junio de 2021.

Chamorro Barrios fue condenada a ocho años de prisión como castigo tras revelar sus aspiraciones a la candidatura presidencial nicaragüense del año 2021, un caso en el que el sistema judicial se ha extra limitado en sus arbitrariedades y evidencia los tentáculos del poder de la familia Ortega Murillo, pues bajo su administración las instituciones jurídicas han demostrado su nula independencia y han reforzado sus lineamientos partidarios a la orden de la pareja gobernante.

Cristiana Chamorro Barrios junto a su hermano mayor Pedro Joaquín, también secuestrado político, condenado a nueve años de prisión por supuesto delito de «lavado de dinero». Fotografía © Galería News.

“Todo lo relacionado al caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), no es más que un manual de violaciones reiteradas al debido proceso, en el cual se han violentado absolutamente todas las garantías constitucionales y procesales de cada una de las personas que han sido sometidas a este ilegal y arbitrario proceso”, explicó la abogada Orietta Benavides Quintero, titular de la defensa de Cristiana Chamorro y de cada una de las personas detenidas en lo que hoy se conoce como “Caso FVBCH”.

El 20 de mayo de 2021, Cristiana Chamorro fue requerida por el Ministerio de Gobernación, allí junto a Walter Gómez (Administrador de la FVBCH), Chamorro Barrios se presentó para entregar estados financieros, administrativos y contables de la FVBCH, los que fueron avalados por el Ministerio de Gobernación como ente regulador.

La FVBCH, se convirtió entonces en el mecanismo para perseguir a Chamorro Barrios;  antes de ser arrestada, Walter Gómez, Marcos Fletes (Contador) y luego Pedro Vásquez (Conductor)  fueron encarcelados.

Entre las irregularidades al debido proceso la doctora Benavides Quintero destaca que cada implicado recibió una citatoria con menos de 24 horas de anticipación, asimismo se les prohibió el ingreso a los abogados defensores y fueron sometidos a crueles interrogatorios sin aclararles el motivo de la investigación.

Desde el punto de vista de esta experimentada jurista, en mayo de 2021 el sistema de justicia nicaragüense fue utilizado como puente para imputar a Cristiana Chamorro Barrios y a sus colaboradores una serie de delitos falsos. “Todo el procedimiento de principio a fin ha estado plegado de nulidades y arbitrariedades”.



Orietta Benavides Quintero denunció durante el foro internacional de Voces del Sur Nicaragua: Juicios, arbitrariedades y nulidades como arma de represión, que como abogada no logró tener acceso a los expedientes de sus defendidos ni en forma física ni en línea como tampoco dispuso de las actas de entrevistas.

“Las audiencias preliminares como iniciales se realizaron sin la presencia de nosotros como abogados defensores”, y resaltó que, en la segunda audiencia, cinco minutos antes de iniciar el juicio les fueron proporcionados más de 200 folios que correspondían al expediente judicial. “Lo cual obviamente no podías consultar, no podíamos tampoco revisarlos con ellos, no pudimos realizar entrevistas más que tres minutos con cada uno de ellos” afirmó públicamente Benavides Quintero.

Una serie de irregularidades, violaciones al debido proceso y tratos inhumanos que están siendo ampliamente documentadas y debatidas por juristas y académicos internacionales como una forma de evidenciar la falta de institucionalidad que existe en Nicaragua.

Corrupción en las instituciones judiciales evidencia «terrorismo de Estado»

Paulo Abrão, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define la situación nicaragüense como “terrorismo de Estado”, hace cuatro años Abrão encabezó una primera comisión de observación de la CIDH en Nicaragua, esa comisión documento las graves violaciones a los derechos humanos existentes en el país y el nivel de control para militar que el régimen sandinista ejercía en el país.

“El régimen, desde el 2018, fue de manera muy calculada adoptando medidas coercitivas para lograr ese control dentro de una apariencia de paz en el país, intentando visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos”, sostiene Abrão y refiere sobre los juicios políticos que son arbitrarios e ilegítimos.

Para el abogado penalista y especialista en derechos humanos Ciro Colombara, “las maniobras utilizadas durante los quince años de gestión de Ortega, Murillo y su camarilla son más difíciles de modificar, por ello coincide que se debe pasar de la reflexión a la acción de los organismos de derechos humanos internacionales y de la sociedad civil”.

Daniel Ortega no se oculta ni esconde sus intenciones

“Daniel no ha ocultado nada. Nunca ocultó sus intenciones, todo lo que ha sucedido en Nicaragua ha sido hecho a plena luz del día”, afirma Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y una de las más voces críticas al régimen sandinista en la región centroamericana, tras denunciar la falta de acciones categóricas de parte del sistema internacional para frenar el impacto de la crisis social, económica, política y humanitaria de Nicaragua, realidad que fue advertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2008,  cuando se conocieron las primeras alertas de lo que sería el régimen autoritario de Ortega.

En la misma línea internacional, Chinchilla lamentó que se continúe oxigenando a Ortega, pese a las violaciones recurrentes de derechos humanos y critica que hasta el día de hoy no se ha aplicada la Carta Democrática al caso de Nicaragua ni los instrumentos que esto implica desde la Organización de Estados Americanos (OEA). “El régimen se vuelve un experto en patear la bola y ganar tiempo a su favor”.

Chinchilla precisa sobre los juicios arbitrarios y políticos en Nicaragua que el régimen de Ortega además de burlarse de los diferentes instrumentos de derechos humanos y protección de la democracia a nivel regional también ha empezado a hacer uso de instrumentos existentes como la GAFI para sus propósitos y beneficio.

La ex presidenta costarricense no es la única en señalar la necesidad de la creación de nuevos mecanismos de sanción internacional, Colombara considera que se debe afinar un diagnóstico para tener un objetivo claro que permita fijar una estrategia con mirada a largo plazo y que tenga una destreza política, comunicacional y jurídica que abarque a quienes violentan los derechos humanos o cometan persecución, un mecanismo de sanción internacional con el que se “afecte la libertad y el bolsillo de quienes se están beneficiando con los derechos violentados de los nicaragüenses” señala el analista.

Juicios políticos: hermanos cortados con la navaja del Prevaricato

Desde mayo de 2021 cuando Ortega ordenó la detención de siete precandidatos presidenciales, empresarios, periodistas, abogados y líderes sociales, cada vez son más los y las disidentes encarceladas y condenadas a cumplir penas de entre 8 y 13 años de prisión.

El pasado 21 de marzo, Moisés David Salinas Paz, de 34 años fue condenado a diez años de cárcel tras ser enjuiciado por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional y difundir noticias falsas” a través de las redes sociales. Salinas Paz fue interceptado y arrestado sin orden judicial por oficiales de la Policía Nacional, en El Almendro, municipio de Río San Juan, junto a él arrestaron también a Rubén Araldo Manzanares Mena y a otros 9 opositores más de la localidad.

Veyra Bravo Araúz, esposa de Salinas Paz todavía recuerda con horror el momento de la detención de su pareja. El 6 de noviembre del año 2021 su vida cambió y con ella la de sus tres hijos pequeños, “Mis hijos presenciaron la detención de su padre y fue traumático hasta ahora cuando ven un policía acercarse creen que vienen por mí y hay noches que se despiertan llorando. Recuerdo que mi niña de ocho años agarraba fuerte a su padre para impedir que se lo llevaran, pero se lo llevaron y cuando yo agarré a la niña estaba orinada”.

Veyra Bravo Araúz «denunciar es lo que nos queda». Fotografía ©Galería News.

El caso de Salinas Paz y su familia y el de Cristiana Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vázquez y más 160 presos políticos más, tienen todo en común, están unidos por las numerosas irregularidades y las violaciones de los derechos constitucionales a mano de una justicia subordinada al régimen de Ortega.

Veyra Bravo aseguró que su esposo permaneció 103 días detenido de forma ilegal. En la sentencia condenatoria número 0018/2022PN se establece que el implicado fue detenido el 15 de febrero de 2022, dato que ella lo registra como una de las muchas arbitrariedades cometidas en la acusación. “No acepto todas las anomalías que han hecho. Acepto que tenga ideología política diferente, pero eso no da razón a que apresen a las personas y les mutilen todos sus derechos”.

Esta mujer de semblante sereno explica que, en su comunidad, la mayoría de los familiares de detenidos han optado por no reclamar porque tienen la esperanza que si no hacen público sus casos, ni cuestionan al poder judicial, sus parientes serán liberados, pero ven que el tiempo pasa y se dan cuenta que cayeron en el error de no denunciar.

En su caso, decidió apelar dos veces. El 11 y el 25 de noviembre de 2021 introdujo un recurso de amparo de exhibición personal por detención ilegal ante el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa. Ambos recursos fueron respondidos en enero de 2022.

Antonio López, es miembro del colectivo de Abogados Defensores del Pueblo y está a cargo de la defensa de Moisés Salinas Paz y Rubén Manzanares, para este abogado ambos casos también son ejemplo de la arbitrariedad existente en el sistema judicial nicaragüense.

El 8 de abril de 2022, López y los familiares de sus defendidos se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia. “Ellos han puesto una queja formal ante Auditoria Judicial contra el juez de Nueva Guinea por inobservar el principio de legalidad y el debido proceso, es decir hubo una fragante violación a los derechos y garantías constitucionales que le asisten a los procesados”.

Otra de las arbitrariedades señaladas por el jurista es el cambio de defensa a los procesados. “El juez no había dado lugar a cambio de defensa y tampoco estaba presente el nuevo abogado defensor (…) por lo cual ambos acusados estuvieron debidamente asistido por un abogado de la Defensoría Pública”, cita el documento oficial. Mismo que es cuestionado por López quien agrega que no hubo “audiencia especial para cambio de defensa”.

Asimismo, en el escrito de contestación del Ministerio Público se omite la declaración de la oficial de policía Elsa María Castrillo a cargo de los actos de investigación quien, al ser cuestionada por el juez de Nueva Guinea sobre la fecha de ocupación del teléfono celular de Salinas Paz, respondió que se efectuó el 6 de noviembre de 2021.

Defensores del Pueblo tuvo acceso al expediente de Moisés David Salinas Paz y Rubén Araldo Manzanares Mena sólo en una ocasión, sin embargo, al solicitar una copia del mismo, le fue negada. Enumerar las violaciones de derechos humanos es una práctica válida, aunque no lo parezca.  “Aunque no haya justicia ahorita y no hay nada, pero el día de mañana todos estos jueces estarán en prevaricato, prevaricato es cuando el juez emite una resolución en sentido contrario a lo que la norma establece”.

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