El 28 de junio de 2010 se publicó en la Gaceta no. 121 el reglamento de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades. Posteriormente, en 2012, la Asamblea Nacional, subordinada a Daniel Ortega, aprobó una reforma a Ley Electoral y a la Ley de Municipios que obligó a los partidos políticos a garantizar la igualdad en las candidaturas a cargos de elección popular, conocida como Ley 50-50. El país ha avanzado en igualitarismo, pero las mujeres que ocupan cargos públicos siguen relegadas en la toma de decisiones, tienen derecho a voto, pero sin voz.

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Managua, Nicaragua; San José, Costa Rica.-

Luego de 17 años gobernando “desde abajo”, Daniel Ortega regresó a la presidencia de Nicaragua comprometiéndose a mantener la “estabilidad socio política del país”, la “reconciliación nacional” y “sacar a Nicaragua de la pobreza”. Estableció que una de las vías para lograrlo era la promoción de “la igualdad ante la ley” mediante la aprobación y reformas de un conjunto de leyes a favor de “los derechos de las mujeres”.

Así, el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) empezó a manipular la bandera del feminismo en su afán de atraer simpatías de las mujeres, que representan más de la mitad de la población nicaragüense. 

Para Boanerges Fornos, exfiscal y defensor de derechos humanos en Nicaragua, esta idea de inclusión de la mujer, por parte de la administración Ortega-Murillo, era y sigue siendo “una estrategia política de decirle a las mujeres a nivel nacional y a organizaciones defensoras de derechos humanos y del derecho de las mujeres a nivel internacional que, en Nicaragua, hay una igualdad en el tratamiento y en el acceso a posiciones de las mujeres en puestos de poder”.

Esta estrategia políticamente se estableció a través de acciones de implementación de programas sociales, y una “transversalización del género” como política nacional y parte de los planes nacionales de desarrollo humano, abriendo paso a una amplia presencia e inclusión de las mujeres en distintas instancias de Estado. El 28 de junio de 2010 se publicó en La Gaceta el reglamento a la “Ley de Igualdad de derechos y oportunidades”.  

Esta Ley establece que el Estado de Nicaragua “garantiza la igualdad de derecho a optar a cargos de elección popular como una oportunidad a la que tienen acceso tanto hombres como mujeres, estableciéndose un porcentaje proporcional del 50% para hombres y 50% para mujeres a las elecciones Nacionales, Regionales, Municipales y del Parlamento Centroamericano, promoviendo la participación, el progreso social, elevación del nivel de vida dentro de un concepto más amplio de igualdad y de oportunidad”

Una década después de aprobada la Ley, el 50 por ciento de los curules de la Asamblea Nacional están en manos de mujeres. En las votaciones realizadas el pasado 7 de noviembre de 2021, el Consejo Supremo Electoral (CSE), siguiendo los preceptos de la Ley 50-50, asignó a las mujeres 46 diputaciones propietarias y 45 suplentes. Además, 10 mujeres alcanzaron una diputación ante el Parlamento Centroamericano.

Eyling Cruz, abogada defensora de derechos humanos y también exfiscal, explica que el fundamento legal en cuanto a la cantidad de mujeres diputadas en la Asamblea Nacional está basado en la Ley de Igualdad de Oportunidades donde debe existir una equidad de género no sólo en las diputaciones sino en todos los entes, ministerios y en todos los poderes del Estado, sin embargo, agrega “esto es meramente nominal” porque no participan activamente en la toma de decisiones”.

Para la joven activista política, María Laura Alvarado, estas cuotas -en condiciones de autonomía plena para las mujeres- representarían una gran oportunidad para avanzar en la agenda de igualdad de género, porque permitirían que llegaran a la Asamblea Nacional las demandas reales de las nicaragüenses. “Si realmente viviéramos en un estado de derecho y estas mujeres representaran las demandas de las mujeres, estaríamos en un país en donde las mujeres tuviésemos oportunidades, pero este no es el caso. En Nicaragua tenemos a un 50 por ciento de mujeres, pero estas mujeres no representan realmente nuestras demandas. Lo que hemos visto es un retroceso en los derechos que ya les fueron reconocidos a las mujeres tiempo atrás”.

Para Boanerges Fornos, lo descrito por María Laura, obedece a una estrategia interna del partido gobernante, tener mujeres en supuestos cargos de poder sólo como guardianas, pero sin derecho a hacer uso de estos, más que para agilizar gestiones a favor de la cúpula de poder del partido y la familia Ortega Murillo. “Esa igualdad no es real es una igualdad formal, es decir, solo las colocas allí para que estén, pero los verdaderos tomadores de decisiones son varones, salvo la excepción de la actual vicepresidenta de Nicaragua que, sí tiene poder de decisión”, explica el abogado de Acción Penal.

Cruz analiza que, en la composición de la Junta Directiva de la Asamblea, prevalece el dominio de parte de los hombres. “Yo creo que desde los noventa no tenemos una presidenta en la Asamblea que sea mujer, si mal no recuerdo desde la época del gobierno doña Violeta”, afirma la abogada. “Otro de los puntos es que hay antecedentes, por ejemplo, de algunas diputadas que ejercían algún cargo de secretaria que trataron de tener alguna incidencia y cuestionar algunas decisiones y fueron severamente tratadas por parte del presidente de la Asamblea y jefes de bancada”, agrega.

Para algunas organizaciones civiles consultadas no existe un cumplimiento real de la Ley de Igualdad y Oportunidades, lo que existe en la Asamblea es una composición meramente nominal, sin embargo, para efectos sustantivos porque siempre prevalece la desigualdad de género y la voluntad presidencial. En la práctica hay una estrategia política del partido de gobierno para tratar de tener visibilidad internacional en temas de género, pero operativamente no funciona de esa manera.

Una realidad que en el actual contexto de crisis socio política, el tener 45 diputadas en la Asamblea Nacional no suma puntos al gobierno de Ortega, todo lo contrario aunque “intentan presentar estadísticas ante la comunidad internacional y decir en el aspecto formal “estamos cumpliendo” materialmente no lo están haciendo “yo creo que ya la comunidad internacional está clara de que la situación en Nicaragua es sumamente difícil, y que particularmente la situación de las mujeres, es difícil y no han logrado alcanzar las posiciones que deberían y no sólo por el hecho de ser mujer sino por sus capacidades”, explica Fornos.

Ciertamente lo que existe es una voluntad de utilizar el mecanismo de las mujeres como una plataforma política para poder acceder a un cargo superior pero no ha impactado en la realidad de la ciudadanía nicaragüense, particularmente de las mujeres, coinciden Alvarado y Cruz. Para ellas, la bandera feminista ha sido utilizada por diversos partidos como una plataforma para captar votos, pero las nicaragüenses siguen en el abandono y la desigualdad que provoca el Estado patriarcal.

Más mujeres en cargos públicos, pero subordinadas a la pareja presidencial

Según la organización internacional Women´s Links, Nicaragua sigue siendo un país en donde las niñas y las adolescentes enfrentan problemáticas históricas. Alrededor de 1,600 niñas, entre los 10 y 14 años son obligadas a parir cada año en Nicaragua.

“Claramente por las edades en las que estas niñas se encuentran se evidencia que son víctimas de violación, sin embargo, en Nicaragua no se trata de esta manera, no hay investigación, no hay sanciones para las personas responsables, más bien hay una cultura que tolera este tipo de hechos”, señala Marcia Aguilluz de Women´s Links.

Aguilluz advierte que los embarazos en adolescentes van en aumento. “Al año se dan alrededor de 35 mil embarazos de niñas y adolescentes menores de 19 años, estamos hablando de 95 partos por día, nuevamente hay un serio problema de embarazo en la adolescencia”. Esto ubica a Nicaragua en segundo lugar en cuanto a índices de violencia sexual en Latinoamérica.

Durante el Foro por los Derechos Humanos realizado por el Coletivo Nicaragua Nunca+ Marcia Aguilluz presentó una radiografía sobre las desigualdades que enfrentan las mujeres nicaragüenses.

“Según datos de Medicina Legal, se realizan aproximadamente entre 4,500 y 5,000 peritajes de violencia sexual en niñas y adolescentes menores de 17 años, es decir 12 casos de violencia sexual por día, esto da clara cuenta que no existe un programa de educación sexual en el país”, afirma Aguilluz.

Para, María Laura Alvarado estas y otras temáticas como la situación de las mujeres nicaragüenses en el exilio producto de la crisis socio política de 2018, migración, salud sexual y reproductiva y el abandono del Estado nicaragüense a la población migrante deben de ser parte de la agenda política de las diputadas.

Para Eyling Cruz, “la agenda de las diputadas debería ser tener incidencia haciendo uso de los mecanismos legales. Existen convenios, tratados internacionales, existen leyes de igualdad de oportunidades integrales de protección a la mujer, la cuestión es empezar a ejecutarlas”. Añade que las problemáticas de salud, educación y acceso a la economía no son temas de interés político para las diputadas, ni para las anteriores ni para las nuevas.

“En el actual sistema de dictadura, ellas solo tienen que cumplir órdenes, ellas no tienen ninguna incidencia, deberían entre otras cosas, visibilizar por ejemplo indultos en casos de femicidio y sentar una posición al respecto, pero no lo hacen”, afirma Cruz.

Para Alvarado, los curules asamblearios ocupados por las 46 diputadas en este momento histórico son una pérdida de oportunidades para las mujeres, pues desde su experiencia como joven y ciudadana, las diputadas no trasladan a la Asamblea Nacional las demandas reales de las mujeres nicaragüenses. María Laura dice desconocer quiénes son las diputadas que asumirán en la Asamblea. En un intento por identificarlas únicamente le vienen a la mente cinco mujeres que llevan más de diez años siendo diputadas y a las que nunca ha escuchado proponiendo algún proyecto de ley encaminado a promover los derechos de las mujeres.

 

La situación real en Nicaragua es que, aunque el ordenamiento jurídico está dotado con herramientas para proteger los derechos a la igualdad y la participación de las mujeres en cargos públicos, en la práctica el poder de decisión continúa pendiente, explica la abogada nicaragüense e integrante del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción, Martha Patricia Molina.





“La equidad de género en Nicaragua es una mentira más de la dictadura Ortega-Murillo. Es un espejismo que lamentablemente, algunos de los organismos internacionales que observan los temas relacionados a la equidad de género lo han creído y avalado porque así lo estipula la ley interna de nuestro país y porque están observando que más mujeres ocupan cargos importantes”, señala.

Para Molina “La única mujer que tiene voz y voto a nivel nacional es la vicepresidenta designada, Rosario Murillo. Los demás cargos que ostentan el resto de mujeres son únicamente decorativos y sin ningún rol trascendental, en donde no se les autoriza mover un solo dedo sin la venia de los dictadores”.    

Diputadas condenadas al silencio

Una periodista nicaragüense que ha dado cobertura a la agenda política asegura que cada día es más complejo acceder a las fuentes parlamentarias.

“No creo que las diputadas te vayan a responder. Ninguna habla. Las liberales se niegan a hablar por miedo a que las corran y las sandinistas no tienen permiso para hacerlo”, agrega la periodista independiente.

El régimen Ortega Murillo ha puesto mano dura para controlar las voces de las servidoras públicas y encarcela a las opositoras.

“Las 14 presas políticas no están encerradas solo por pensar diferente, también fueron apresadas porque destacaron por su liderazgo y en este país no está permitido alzar la voz”, expresa una experimentada psicóloga nicaragüense, quien pidió no revelar su nombre.

Rosario Murillo es la única mujer que, a nivel nacional, tiene espacio y aparentemente intenta proyectarse como la única mujer con voz, intentando forzar el ubicarse como una líder, aunque no cuente con la venía ciudadana, agrega la psicóloga.

María Laura Alvarado refiere que, si realmente Rosario Murillo representara las demandas de la población, las mujeres estarían en un país en igualdad de condiciones. Sin embargo, Rosario únicamente está velando por los intereses de su familia y su bienestar; entonces, que esté una mujer en un alto cargo de poder no representa un cambio verdadero, que ayude a conseguir las demandas históricas de las mujeres en Nicaragua”.

A las “electas” por designio partidario no solo se les ha manipulado su imagen, también se les ha tratado como seres no pensantes, expresa la psicóloga.

Rosario Murillo y Daniel Ortega han instaurado una política de silencio y de obediencia a las mujeres que ocupan cargos públicos.