Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Los embarazos de niñas y adolescentes, matrimonios precoces, costumbres patriarcales históricas de intercambio de mujeres y de bienes, son parte de la terrible realidad en la Costa Caribe nicaragüense, una región que en solo cuatro años registró casi 18,000 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años

Facebook
Twitter
WhatsApp

Los embarazos de niñas y adolescentes, matrimonios precoces, costumbres patriarcales históricas de intercambio de mujeres y de bienes, son parte de la terrible realidad en la Costa Caribe nicaragüense, una región que en solo cuatro años registró casi 18,000 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años

Facebook
Twitter
WhatsApp

“El día en que yo me di cuenta de que estaba embarazada, el mundo se me vino abajo”, relata Sherleen, una adolescente miskitu de 15 años. “Sentía que no iba a tener el apoyo de alguien, ni de mi familia, sentía demasiadas cosas”, afirma con voz quebrantada en la casa donde vive en Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).

Sherleen tiene el apoyo de su familia, pero sabe que su vida ha cambiado. Tiene seis meses de embarazo, se siente cansada, habla pausadamente y su respiración es lenta. “Emocionalmente uno se siente con demasiada presión, porque no estás capacitada para eso, un embarazo es algo riesgoso para una persona de mi edad”, reflexiona la adolescente.

La de Sherleen es una historia entre miles en Nicaragua, donde los embarazos en niñas y adolescentes constituyen uno de los problemas de salud pública más graves, porque “el embarazo a temprana edad trastoca todas las esferas del desarrollo de las niñas y adolescentes”, explica un experto en derechos de la niñez y adolescencia.

Según el Compendio de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), entre 2017 y 2020 solo en la RACCN, que comprende a los municipios de Waspán, Waslala, Siuna, Rosita, Bonanza, Puerto Cabezas, Mulukukú y Prinzapolka, al menos 1,251 niñas de 10 a 14 años, y 16,745 adolescentes, estuvieron embarazadas.

A 188 kilómetros de Bilwi, en la comunidad de Siksa Yari ubicada en el territorio indígena de Kipla Sait Tasbaika Kum, vive Tiny. Ella tiene 14 años y cinco meses de embarazo.

Antes de darse cuenta de que estaba embarazada, Tiny afirma que era “una chavala alegre, iba a la escuela”, y le gustaba mucho cocinar; pero, piensa que todo eso ahora es parte de su pasado.

“Mi vida cambió, de manera interna siento que mi vida se derrumbó, físicamente me siento diferente, me siento extraña, me siento como desgastada, vivo muchas dificultades, hambre y aguanto las habladurías de la gente, mis padres no dejan de ayudarme, pero también me regañan y me dicen que este es mi problema”, explica Tiny.

Sherleen y Tiny coinciden en que los embarazos en niñas de 9 a 15 años son comunes en sus territorios.

“No soy la única que se embaraza a mi edad, hay muchas adolescentes que son madres. Siendo niñas fuimos engañadas por hombres mayores, considera Tiny, señalando que ella misma es víctima de esta realidad en la que se normaliza el embarazo a temprana edad y se invisibiliza que niñas como ella son víctimas de delitos sexuales tipificados en la legislación nacional.

Tiny enfatiza en que “el papá de mi bebé es un hombre de edad (mayor), me dijo que quería estar conmigo, pero solo me embarazó y me abandonó”.

Mientras tanto, en Rosita, a 144 kilómetros de Bilwi, habita Sila, una joven de 20 años. Ella tiene muchas cosas en común con Sherleen y Tiny: es miskita y fue madre cuando tenía 16 años.

“En promedio, las niñas miskitu se unen con hombres 6.9 años mayores que ellas. La diferencia de edad dificulta que sean relaciones entre pares, de igual a igual, lo cual también implica que las niñas son más vulnerables”, señala el estudio «Niñas adolescentes en matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en Nicaragua», presentado en 2019 por Plan Internacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Sila recuerda que el hombre que la embarazó le prometió sacarla de la vida de violencia doméstica que vivía en su casa y “yo era muy inocente… él me dijo que había tenido un accidente y que no podía tener hijos y yo me confié y le creí, al salir embarazada el maltrato de mis hermanos y familia era peor y entonces me fui con él, (fue) como una ruta de escape, pero no me fue bien, todo lo que me dijo era mentira”.

La realidad en la Costa Caribe es más grave que en el Pacífico del país, estima un experto en temas relacionados con la niñez y adolescencia, explicando que otro problema significativo es que “hay una normalización de los embarazos en niñas con gente adulta. Lo vemos en estadísticas oficiales donde también podés encontrar los matrimonios forzados: niñas casadas con hombres adultos, niñas casadas con adolescentes o adolescentes con adolescentes…”.

Para este experto, el presupuesto estatal asignado a los programas sociales vinculados con la adolescencia, al menos en el Ministerio de Salud “es poco o nulo, y no lográs identificar en el Presupuesto nacional una partida que vaya dirigida a programas sociales para prevención de embarazos, prevención de VIH, promover la salud sexual y reproductiva, etcétera, que eso también está ligado al alto índice de embarazos adolescentes porque hay un desconocimiento”.

En la comunidad Krasa del territorio indígena Li Lamni, vive Mirka Shanty. Ella fue madre a los 16 años. Ahora tiene 18. “Estaba en quinto grado y quedé embarazada. Ahora mi bebé tiene 2 años. En cuanto al papá, me dijo que se haría cargo, pero mintió y me abandonó. Cuando mi familia supo de mi embarazo, mi papá me corrió de la casa y tuve que arreglármelas sola”.

Experiencias como las de estas adolescentes son un indicador de la pobreza y de la falta de oportunidades de educación que enfrentan las indígenas nicaragüenses en sus territorios ancestrales, señala una defensora de los derechos de niñas y adolescentes en la Costa Caribe Norte.

Para esta defensora, “aunque el embarazo a temprana edad se piensa como inherente a las sociedades indígenas, se pierde de vista que esto obedece a factores históricamente marcados, sobre todo, por las condiciones de pobreza que pueden estar enfrentando las mujeres, niñas y adolescentes en nuestros territorios indígenas y afrodescendientes”.

Ana Massiel Hernández, es una indígena mayangna de la comunidad de Amak, en San Andrés de Bocay, jurisdicción del municipio jinotegano de San José de Bocay. Tiene 19 años y su historia como madre empezó a los 14. Cuenta que tuvo un noviazgo, “salí embarazada y él se fue y no lo volví a ver”.

Ana Massiel suma su historia a la de Cherry Homfrish, otra miskita que enfrentó su primer embarazo a los 17 años.

“No sabía nada, no sabía cómo se quedaba embarazada, me decían que no saliera embarazada, pero no me decían cómo se hacía, nadie me educó”, afirma Cherry.

Para defensoras de los derechos de las mujeres en la Costa Caribe Norte, las violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes indígenas se expresan de muchas maneras, pero en lo referido a embarazos en su mayoría se expresan en “relaciones desiguales”, que no deben ser vistas solo desde la relación desigual de hombre y mujer, sino “desde la relación desigual por condición étnica, por condición de ubicación geográfica, por condición de racismo y por condición de exclusión de los sistemas educativos, salud, acceso económico y justicia”.

Solo en 2020, los embarazos y adolescentes registrados en la RACCN representaron el 15 por ciento de los casos registrados a nivel nacional, la segunda cantidad más alta del país.

Defensoras de derechos de la mujer en la RACCN advierten que ese porcentaje mayoritariamente corresponde a niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes, aunque carecen de datos precisos porque señalan que, aunque el Ministerio de Salud tenga un mayor registro de casos, no todas las niñas y adolescentes asisten a las unidades de salud por la lejanía de sus comunidades.

Según el estudio «Niñas adolescentes en matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en Nicaragua», una de cada cuatro mujeres miskitu, de 15 a 24 años, tuvo su primera relación sexual antes de cumplir 15 años.

“El embarazo antes de los 15 años en esta población es frecuente: una de cada 11 niñas (el 9.4 por ciento) de entre 15 y 24 años se embarazó antes de los 15 años… El en caso de las niñas miskitu existe relación proporcional entre embarazo y uniones, ya que el 81.8 por ciento de las mujeres de entre 18 y 24 años de esta población, que antes de los 18 años se embarazaron, también se unieron antes de esa edad”, refiere el estudio.

Entre la cultura ancestral y la modernidad

“Después de mi embarazo dejé de estudiar, pero pretendo seguir haciéndolo (estudiar), solo que me siento muy débil aún, como si fuera una anciana”, explica Tiny, afirmando que emocionalmente se siente agobiada y físicamente destruida. Aunque cuenta con el apoyo de sus padres, ella no ha tenido un seguimiento médico y tampoco atención psicológica.

Para la gente de su comunidad, no hay más que hacer, es tan solo otra mujer que quedó embarazada, porque Tiny ya no es vista como una niña.

Mirka Chanty vive lo mismo, pero en una soledad absoluta. Ella relata que, “durante el proceso, mi panza era demasiado grande, sentía mareos, solo pasaba dormida, mi cuerpo ya no se sentía como antes, desde entonces no he tenido apoyo económico y me las he ingeniado para criar sola a mi bebé, logré tenerlo, pero mi martirio era pensar cómo iba a criarlo”.

Estas niñas y adolescentes, entonces se convierten en mujeres adultas siendo víctimas de la exclusión y la violencia. “Cuando hablamos de una mujer que sufre violencia, no únicamente estamos hablando de que afecta el cuerpo de la mujer, sino que también afecta su espiritualidad y afecta lo más sagrado que es ella, su alma o su espiritualidad”, explica una defensora de derechos humanos caribeña y afrodescendiente.

La especialista afirma que a diario ve historias como las de estas niñas y está convencida de que mientras no haya un trabajo de concientización en los derechos humanos de las mujeres indígenas, deconstruyendo factores que son adjudicados a la cultura y justifican el abuso y la violación de sus derechos, la situación de embarazos adolescentes en las comunidades indígenas continuará.

El panorama se complica cuando la pobreza y la inaccesibilidad a derechos básicos como la educación, el empleo, el acceso a la justicia, el agua, por ejemplo, se convierten en parte de la realidad de las comunidades indígenas nicaragüenses.

De acuerdo con el experto en temas de niñez y adolescencia, “hay un modelo de atención integral que te lo establece la Ley 779 (Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres) y las autoridades del Ministerio de Salud están en la obligación de encausar las denuncias ante los operadores de justicia para que, en los casos de niñas embarazadas, haya un proceso al abusador, pero eso no está funcionando en su totalidad. Las estadísticas oficiales te dicen que, de cien embarazos en niñas entre 10 y 14 años, solamente el 53 por ciento se reporta a los operadores de justicia… eso demuestra que hay una especie de silencio administrativo y de violación de los derechos de las niñas y adolescentes”.

“En la Costa Caribe las niñas se encuentran también con otro obstáculo, la ‘cultura del Tala Mana’ que es una realidad en esta zona”, afirma el experto.

El “Tala Mana” o “el pago por la sangre” es una práctica del derecho consuetudinario en el que una persona, responsable de daños a otros, tiene la posibilidad de llegar a acuerdos frente a los “huistas”, que son una especie de jueces o mediadores. Algo similar a la Ley del Talión o del ojo por ojo y diente por diente.

Para una especialista en temas interculturales, la situación de maternidad infantil en las comunidades indígenas tiene múltiples expresiones, las que van desde las costumbres matrimoniales que, aunque se han debilitado, prevalecen por sus hondas raíces culturales, marcadas también por costumbres patriarcales históricas de intercambio de mujeres y de bienes. Para el pago de la novia o dote, se ofrece dinero, animales o el novio ofrece servicios al futuro suegro. Muchas veces, las niñas y adolescentes son presionadas a tener pareja por costumbre y otras veces para librarse de una boca que alimentar.

Eso también es parte del “Tala Mana”.

Jeymi salió embarazada en febrero de este año. Tiene 15 años y está en una relación de unión de hecho, “mi novio ya era mi hombre antes de embarazarme”, dice.

Ahora, Jeymi y su pareja viven en el barrio de Lamlaya, en la ciudad de Bilwi, aunque ella es originaria de la comunidad de Arrizoatla en Prinzapolka.

La historia de Jeymi solo varía del de las otras adolescentes miskitas en que ella ahora tiene una pareja, sin embargo, sigue enfrentando las mismas dificultades que las demás.