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Daniel Ortega dejó en un limbo académico a más de 150 universitarios que se rebelaron y protestaron en contra de su dictadura. Algunos han podido retomar su vida estudiantil en Costa Rica y alcanzar su meta “estudiar en el exilio” a pesar de los múltiples desafíos que esto representa.

Una colaboración de la alianza de medios 4MI

–Andáte. Allá te van a tratar como mierda, pero aquí no vas a regresar – Fue lo último que le dijo un agente migratorio de la dictadura de Nicaragua al universitario Enrique Martínez.

Era cinco de noviembre de 2018 y Martínez había llegado a la frontera de Peñas Blancas en un autobús. Su destino era Tres Ríos, Costa Rica, en donde una familia católica lo recibiría mientras se estabilizaba en este país. Se estaba exiliando.

En cuanto presentó su pasaporte ante autoridades migratorias nicaragüenses, estas lo sacaron de la fila y se lo llevaron esposado. Registraron su equipaje, lo golpearon e interrogaron.  “Me llevaron esposado. Me empezaron a preguntar ¿qué quién me financiaba?, ¿que si el MRS me estaba dando dinero?”, cuenta Martínez cuatro años después.

Lo que más le dolió a Martínez no fueron los golpes que le dieron. Tampoco los insultos. Si no que le rompieron su título de bachiller y algunos documentos que lo acreditaban como un estudiante universitario expulsado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua). Sin eso, sabía que iba a ser complicado retomar sus estudios.

Estuvo retenido cuatro horas hasta que lo dejaron ir, pero le advirtieron que no regresara. Se subió al bus con la cara ensangrentada y uno de los sobrecargos le ayudó a limpiarse el rostro y le regaló agua. “Yo iba llorando después todo el camino hacia San José”, relata.

Quienes también pasaron por Peñas Blancas fueron Gryssmel Baldizón y Edgard Blanco López. Ellos no fueron retenidos ni golpeados como Martínez, pero sin saberlo, se convertirían en exiliados como él.

Baldizón estaba en segundo año de Comunicación Social en la UNAN León. Escogió esa carrera porque le atraía todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación, e incluso hizo pasantías en una radio local. Ella dice que no fue expulsada, sino que le negaron la matrícula para el segundo semestre de 2018.

Otras compañeras de clases de Baldizón a las que les sucedió lo mismo fueron a consultar a la UNAN León porqué no podían matricular sus clases y les dijeron que “tenían que escribir una carta de compromiso pidiéndole perdón a la rectora Flor de María Valle por todas las cosas que habíamos hecho. ¿Por qué tengo que pedirles disculpas si son ellos los que nos han tirado balas?”, cuenta la joven.

Estando en Costa Rica fue que se dio cuenta que no podía matricular sus clases. Había salido de Nicaragua en junio de 2018. “Venía por los famosos tres meses, mientras se componía la cosa”, comenta, pero la represión en Nicaragua nunca terminó y sus estudios quedaron en incertidumbre.

Edgard Blanco López estaba en cuarto año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UNAN Managua. Dice que era un estudiante destacado, con un buen promedio y  notas altas.

Cuando estallaron las protestas contra Daniel Ortega en 2018, él estaba aplicando a un intercambio en Bolivia, y cómo él se unió a las manifestaciones y expresaba su opinión en redes sociales, algunos miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, (organización controlada políticamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.) lo amenazaron.

–Mirá loco, ya Luis (Andino, expresidente de UNEN) vio tu publicación y no le gustó. No podemos andar publicando esas cosas. Ya sabes cómo es esto. Bájale el gas – Le advirtió un amigo que era miembro de UNEN.

Blanco prefirió no censurarse y siguió yendo a las protestas en Managua y Masatepe, de donde es originario, hasta que participó en la toma de la UNAN Managua. Estuvo en el recinto por algunos días porque luego prefirió sumarse a las manifestaciones de su localidad.

Después de que pasó la operación limpieza (operativo táctico policial-militar y paramilitar desplegado por la dictadura de Daniel Ortega para controlar las protestas de abril de 2018) en su municipio, Blanco relata que a varios jóvenes que protestaban con él, los llegaron a buscar a sus casas y entonces ellos  tuvieron que partir al exilio y al igual que ellos él también decidió partir hacia Costa Rica.

Al igual que Baldizón, Blanco se dio cuenta de que lo habían expulsado estando en el exilio. Él solamente había escuchado los rumores de expulsiones, pero no tenía certeza de que lo hubieran expulsado a él.

Trató de entrar al sistema académico en línea de la UNAN Managua, pero el sitio no le permitió acceder. Días después vio que su nombre estaba en la lista de expulsados de esa universidad que se filtró en 2018.

Expulsión universitaria una fallida estrategia de control estudiantil

Los casos de Martínez, Baldizón y Blanco son apenas tres de los más de 150 jóvenes que registra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los expulsados son de Managua, León, Chontales, Carazo, Estelí y Matagalpa. La mayoría estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de  Nicaragua (UNAN) y sus Facultades Regionales, y otros cursaban sus carreras en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Hasta la fecha, ninguna de las universidades ha informado públicamente sobre las expulsiones de estos jóvenes ni los motivos.

La organización Acción Universitaria  indica que la mayoría de expulsiones universitarias se cometieron en contra de estudiantes que cursaban las carreras de Medicina, Economía y Ciencias Políticas, y el motivo fue la “participación activa en las protestas, marchas y por brindar atención médica a los heridos de la rebelión de abril”.

Muchos de las y los jóvenes expulsados han pasado a formar parte de las organizaciones estudiantiles opositoras. Algunos de ellos han conseguido becas para estudiar fuera del país o para retomar sus estudios en universidades privadas, donde los tentáculos del régimen de Daniel Ortega todavía no llegan.

Otros expulsados también pasaron a formar parte de la primera tanda de presos políticos que tuvo Ortega entre 2018 y 2019, y que posteriormente excarceló con la Ley de Amnistía, la cual debió ser aplicada para que las y  los jóvenes expulsados fueran reintegrados a sus estudios universitarios, señala Acción Universitaria, en su “Informe ampliado sobre violaciones a derechos humanos de estudiantes expulsados de las universidades en Nicaragua”.

El 31 de agosto de 2018, un grupo de estudiantes filtró una carta de la UNAN Managua en la que se resolvía la expulsión de 82 universitarios “por haber sido participantes activos en tranques, uso de artefactos para agresión física, permitir el ingreso a personas ajenas a la institución, comportamiento vandálico y destrucción de las diferentes facultades y laboratorios”, y también por “incitar al odio y la violencia”.

La carta estaba firmada por el secretario general de la universidad, Luis Alfredo Lobato y dirigida al director de Registro Académico Estudiantil, César Rodríguez Lara. El documento especifica que de los 82 expulsados solamente cuatro tenían suspensión por un año y al resto se les cancelaba su matrícula definitivamente. Cuando se publicó esta lista, Blanco se dio cuenta de que había sido expulsado.

Con la expulsión de estos estudiantes, el régimen de Daniel Ortega violentó el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual el Estado de Nicaragua reconoce “el derecho a toda persona a la educación”.

Así mismo, violó los artículos 58 y 121 de la Constitución Política de Nicaragua. El primero, es el que garantiza el “derecho a la educación y a la cultura”, mientras que el 121 establece que “el acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses”.

También es importante mencionar la violación al artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho a la educación” y en particular, “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.

Además, Ortega contraviene el artículo 1 de la Convención de la Unesco relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, en el cual se indica que la discriminación es toda “distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole” que tenga por finalidad “excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza”.

Para el académico Adrián Meza, el problema que también se genera con la expulsión de estos estudiantes y el exilio de los mismos es que son persona que “si se logran asentar en un país de destino, cabe la posibilidad de no retornar, porque van a encontrar las oportunidades que el gobierno nicaragüense les arrebató con actos represivos”.

Los retos que jóvenes asumen para estudiar en el exilio

Baldizón empezó su proceso de aplicación en la Universidad de Costa Rica (UCR) en marzo de 2019. Su primera opción era Comunicación Social, la misma que estudiaba en la UNAN León, pero como había mucha demanda, le tocó optar por Antropología, “pero no quiere decir que no me apasione”, apunta.

Esta joven no contaba con sus notas y su diploma de bachiller para ir a matricularse a la UCR, pero como ella no recibió notificación de haber sido expulsada, pensó que podía optar a esa casa de estudios como estudiante de intercambio, sin embargo, le solicitaron una carta de la UNAN Managua que la acreditara y respaldara como universitaria.

Baldizón sabía que no iba a poder conseguir esa carta, así que prefirió aplicar como estudiante regular. En la UCR le explicaron que necesitaban sus notas de cuarto y quinto año de secundaria y su diploma de bachiller apostillados por la cancillería de Nicaragua, así que una familiar hizo las gestiones y luego le envió los documentos a Costa Rica.

En octubre de 2019 hizo el examen de admisión, y en diciembre de ese año le entregaron los resultados. Había clasificado para su segunda opción: Antropología.

Esta joven de 23 años se involucró en las protestas el 18 de abril de 2018. Andaba buscando una noticia para hacer una nota informativa para una de sus clases y pensó que la protesta por la reforma a la seguridad social era relevante.

Ella fue testigo de la agresión a los ancianos que protestaban en León y recuerda haber sentido mucha indignación. Como varios jóvenes que estaban en el internado de la UNAN de esa ciudad se negaron a ir a reprimir a los manifestantes en Managua, fueron expulsados del recinto, comenta Baldizón, quien relata haber visto a muchos estudiantes con sus maletas buscando donde dormir.Ella recibió a algunos estudiantes en su casa. 

También participó en marchas, plantones y demás protestas que hubo en León, hasta que empezó a sentir temor de que tomaran represalias contra ella por su activismo, de manera que decidió salir hacia Costa Rica en junio de 2018.

Actualmente, Baldizón cursa el segundo año de esa carrera y a su vez trabaja en proyectos para organizaciones no gubernamentales, y de esa manera obtiene ingresos extras.

Edgard Blanco también empezó a hacer las gestiones para estudiar en la UCR en marzo de 2019. Al igual que Baldizón, un familiar en Nicaragua le envió sus documentos apostillados para que pudiera iniciar con el proceso de admisión en la UCR. Empezó a estudiar en marzo de 2020 la carrera de Ciencias Políticas.

En el caso de Martínez el proceso fue distinto. Como los agentes de migración de Nicaragua le rompieron sus notas y su diploma de secundaria, él no contaba con nada para hacer el proceso de admisión en la UCR y no lo podían reconocer como bachiller.

Martínez tuvo que hacer un curso de nivelación para que pudieran reconocerle sus estudios y obtuvo su bachillerato costarricense, con el cual pudo matricularse en la carrera de Dirección de Empresas en la UCR, la cual ya lleva dos años cursando.

Para estos jóvenes no fue sencillo reintegrarse a la vida estudiantil en el exilio porque tuvieron que enfrentar la burocracia de las instituciones de educación superior costarricenses, además de las instituciones estatales.

Tanto Martínez, Baldizón y Blanco coinciden en que, en Costa Rica todavía no se termina de comprender que muchos universitarios salieron sin documentos y que fueron expulsados de manera ilegal. Además, los estudiantes tienen que sobrevivir, encontrar un empleo, pagar alquiler, comida, vestimenta, entre otros gastos que puedan tener.

El académico Adrián Meza Soza, comenta que “esa doble articulación de enfrentar la vida diaria, trabajar, sustentarse y además de eso cumplir con sus obligaciones académicas, es el primer reto que enfrentan los estudiantes”.

Claudia Vargas, oficial de programas de la Fundación Arias para la Paz indica que “la magnitud del daño realizado a estos jóvenes no se puede medir”, y menciona que las organizaciones e instituciones en Costa Rica han podido hacer “muy poco” para ayudar a los estudiantes expulsados.

Vargas explica que no se ha podido realizar una acción concreta para que estos jóvenes puedan retomar su vida académica. “Creo que es necesario que todas las organizaciones y todos los que trabajamos con los refugiados nicaragüenses, y más del sector juvenil, nos juntemos y hagamos un consorcio inmediato de becas”, propone.

Los tres jóvenes esperan regresar algún día a Nicaragua. Martínez quiere retomar la carrera de Ciencias Políticas que dejó inconclusa en la UNAN Managua tras ser expulsado. Blanco, por su parte, cree que con todo lo que está aprendiendo en la UCR puede aportar para el desarrollo del país una vez que caiga la dictadura de Ortega, mientras que Baldizón sueña con hacer una maestría en Comunicación.