Managua, Nicaragua.- “No solo nos expulsaron de la universidad, nos persiguieron, nos asediaron, nos alejaron de nuestras familias ” señala Alejandra Centeno, estudiante expulsada en agosto de 2018 mientras cursaba el quinto año de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la UNAN Managua.
El testimonio de Centeno se suma a una serie de testimonios de estudiantes de universidades públicas nicaragüenses que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos; testimonios contemplados en el Libro Blanco, Evidencias de un Estado totalitario: Violaciones de Derechos Humanos en las universidades públicas.
Un texto que tiene un gran valor histórico para Nicaragua y Latinoamérica “Nos será muy importante cuando sigamos buscando encontrar los caminos para promover la justicia en el país, sea por medio de procesos de justicia transicional, sea por medio de identificación de oportunidades en materia de jurisdicción universal, sea por medio de los casos que se están tramitando en el ámbito de justicia internacional a través del sistema interamericano de Protección de los derechos humanos”, ha señalado el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.
Servirá en su momento para sacar elementos probatorios muy importantes cuando las condiciones para la justicia estén dadas, podrán ser utilizados (los testimonios) para procesar y responsabilizar a aquellos que han violado los derechos humanos, afirma Abrao.
Violencias estatales que afectaron de manera directa el desarrollo de la vida de cientos de estudiantes universitarios como castigo por protestar en contra del régimen sandinista.
Truncaron nuestros proyectos de vida, pusieron en stop nuestros sueños y en ese momento nos quitaron las pocas respuesta que a nuestra edad tenemos sobre el futuro”, denuncia Centeno al describir lo que representa para ella la expulsión universitaria como castigo «por haber sido tildados como delincuentes y terroristas por parte de las autoridades universitarias».
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La estudiante expulsada expresa que el gran pendiente que existe con los expulsados no acabará hasta que puedan retornar a Nicaragua y donde “las autoridades que nos expulsaron de una manera injusta nos pidan una disculpa pública y reconozcan que nada de lo que han dicho es verdad”.
Además del testimonio de Alejandra Centeno, el libro recoge 21 testimonios de estudiantes universitarios que denuncian las violencias vividas por participar en las protestas que estallaron en abril de 2018, los y las jóvenes fueron expulsadas de las universidades e incluso desaparecidos sus expedientes universitarios de las bases de datos computarizados.
Anécdotas reales de represión, que demuestran cómo el régimen de Daniel Ortega, aprovechando su poder desde el ejecutivo, el uso y abuso de la Policía Nacional de Nicaragua, paramilitares y operadores políticos han utilizado las universidades para expulsar, perseguir, asediar, encarcelar y hasta asesinar a estudiantes.
Los atentados contra los estudiantes de educación superior son considerados altamente graves y violatorios de la legislación en Nicaragua porque existe una ley de autonomía universitaria, que prohíbe expresamente la influencia e intervención del Gobierno dentro de las universidades públicas y privadas del país.
Sin embargo, el “Libro Blanco» es una prueba sólida de cómo la ley de autonomía universitaria ha sido violada por orden de Ortega, “no podemos permitir ese abuso de poder, cómo los estudiantes han sido víctimas de este régimen sanguinario, que ha permitido la persecución de los estudiantes, campesinos, mujeres, periodistas, Iglesia católica”, ha señaló Bianca Jagger durante la presentación del texto el 29 de marzo de 2021.
“Sólo podría haber perdón en Nicaragua cuando haya justicia, y la primera justicia en Nicaragua es la justicia para los estudiantes” afirma Jagger y aunque organizaciones de derechos de humanos señalan que no tiene cifras especificas sobre el total de jóvenes víctimas de la expulsión universitaria como estrategia de control para evitar la organización estudiantil, al menos registran más de 140 expulsiones a nivel nacional.
La estrategia estatal del régimen sandinista impuesta sobre todo en las universidades públicas cerró los espacios de desarrollo profesional de toda una generación y es que no solo los estudiantes fueron afectados con las medidas represivas en las universidades sino las y los catedráticos que impartían clases en las mismas.
Una realidad que ya pasa a las páginas de la historia de Nicaragua plasmada en buena parte en el Libro Blanco, Evidencias de un Estado totalitario: Violaciones de Derechos Humanos en las universidades públicas.
