En Nicaragua existen 1.2 millones de mujeres campesinas de las cuales sólo el 23 % poseen títulos de propiedad de las tierras que cultivan, una realidad que afecta a más del 57 % de los hogares rurales que están en manos de productoras.

Por Abigaíl Hernández y Cinthia Guido

Managua, Nicaragua.- En febrero del 2014, Juana Domitila Hidalgo, una mujer productora de café orgánico y sobreviviente de cáncer, nos compartió su historia de 24 años como sembradora, recolectora, acopiadora, empacadora y vendedora de café.

Conoce al oro rojo como la palma de su mano, ha vivido de este producto gran parte de su vida; sin embargo, Hidalgo, nunca ha sabido que se siente ser propietaria de un palmo de tierra.

Durante un tiempo esta ciudadana sembraba en las tierras que su esposo adquirió durante la Reforma Agraria de los años 80, época en la que ambos empezaron a cultivar café. Cada metro de los terrenos era preparado por las manos de los dos; el lanzar de las semillas, el riego y la cosecha eran actividades que se realizaban en conjunto y que les daban un sentido de pertenencia.

Tiempo después, con la muerte del esposo de Hidalgo, las propiedades quedaron sin dueño y el Estado nunca las paso a su poder, pero años más tarde el mismo gobierno entregó el título de  pertenencia a sus hijos como herencia paterna, ella no recibió nada como esposa, sin embargo, siguió sembrando las tierras que nunca fueron de ella y que por decisión absoluta de su esposo ahora son de sus hijos, ubicadas en la Comunidad Plan Grande de Quilalí a 256.9 kilómetros de la capital, Managua.

Hoy, a 6 años de que su historia fuera expuesta Galería News la contactó para saber si su condición de “mujer sin tierra” cambió; tristemente Hidalgo, ya con 55 años, abandonó el campo y no cumplió su sueño de tener una parcela propia, producto de la falta de acceso al crédito para comprar o seguir produciendo.

“en la casa tengo un pequeño negocio, un comedorcito que es para sobrevivencia, pero adquirir tierras ya no porque las políticas que hay (en las financieras) es que alguien mayor de 50 años ya no puede acceder a créditos” nos relata apesarada Hidalgo.

La desilusión de una ley aprobada

En el año 2007, la Coordinadora de Mujeres Rurales de Nicaragua, introdujo en la Asamblea Nacional el “Anteproyecto de Ley Creadora de un Fondo para la Compra de Tierra con Equidad de Género”, para la creación de un presupuesto de 30 millones de córdobas, que beneficiara a las mujeres rurales con préstamos para comprar  tierras a través del Banco Produzcamos y la conformación de una entidad reguladora del fondo.

Tres años después, el 5 de octubre del 2010 la Asamblea Nacional aprobó la “Ley 717 Creadora del Fondo para Compra de Tierra con Equidad de Género para Mujeres Rurales”, pero a una década de su paso por el plenario, su activación es nula y cientos de mujeres productoras y campesinas siguen sin ser reconocidas como propietarias, una realidad que señalan las organizaciones de mujeres rurales, no parece ser prioridad para el Gobierno de Nicaragua.

María Teresa Fernández, presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales de Nicaragua, aseguró que el tema de la propiedad ha sido “ninguneado” por todos los gobiernos del país y en el caso de las mujeres productoras, esta indiferencia se acentúa más.

Desde la aprobación de esta Ley, las productoras y sus defensoras no cesaron de poner en agenda pública el incumplimiento de la misma; en 2012, se unieron a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos para demandar justicia alimentaria en sus comunidades como parte de los aportes de la campaña “Crece”.

En este contexto también aprovecharon el espacio para exponer sus demandas: “convertirse en propietarias de la tierra que cultivan” exigiendo al gobierno hacer cumplir la implementación y revisión del marco de 3 leyes: Ley 717, que se basa en aumentar a 50 millones de córdobas el fondo de préstamo para mujeres asignado al Banco Produzcamos. Esta revisión beneficiaría a 300 mujeres productoras.

La Ley General de Cooperativas 499, para introducir en ella una perspectiva de género y la Ejecución de la Ley de soberanía y seguridad alimentaria 693, cuyo fin es que el Estado promueva el apoyo a la gente del campo para alcanzar la calidad de producción agrícola.

El objetivo de la campaña, recordó Fernández, era fusionar estas tres leyes en beneficio de las mujeres productoras, pero en los cuatro años y 10 meses que duró la campaña los resultados no fueron los esperados. No se destinó fondo a la Ley 717, ni se le aplicó perspectiva de género a la 499, ni el Estado promovió alternativas en las que las y los campesinos tuvieran mejores condiciones para realizar su trabajo.

“No ha habido ganas por parte del estado, para resolver estos problemas de las mujeres campesinas. Ningún gobierno ha logrado estabilizar este asunto de la propiedad; vemos los problemas de los indígenas, vemos el problema del monocultivo, que ahora se alquilan las tierras en lugar de comprarlas, dañando el medio ambiente”, comentó Fernández.

Cartas a Ortega y Murillo

La lucha de la mujeres campesinas ha sido pacífica pero frontal; en mayo de 2015 iniciaron la campaña “100 cartas para Ortega”; durante 100 días consecutivos mujeres campesinas de todo el territorio, solas o acompañadas  llegaron hasta la residencia de los Ortega-Murillo (que funge como Secretaría del Frente Sandinista (FSLN) y fue convertida desde 2007 en casa presidencial) el objetivo era hacer llegar a manos de Ortega una carta escrita por una campesina que le contaba su historia y le demandaba el cumplimiento de la Ley 717; hasta la fecha ni una de esas 100 mujeres recibió respuesta alguna.

En el año 2017, en un último intento por apelar al buen juicio y “amor por los más vulnerables” de la pareja presidencial, la Coordinadora de Mujeres Rurales envió una última carta a la Secretaria del Frente, esta vez no era dirigida a Ortega, ni se iban a hacer 99 epístolas más; sino solo una, que llegara a las manos de la que en ese entonces era la recién electa vicepresidenta de la república, Rosario Murillo.

Esa carta fue entregada el cinco de mayo, cuando la Ley cumplía siete años de ser aprobada, y en ella utilizaron las “palabras de entronación” de Rosario, relató Fernández.

En su discurso del primero de enero del 2017, la primera dama declaraba: “quiero agradecer y decirle nuevamente, a las mujeres nicaragüenses ‘aquí estamos, vamos juntas, consientes de todo lo que nos falta. Vamos juntas, vamos adelante’.

Eso, lo retomaron en el escrito, pero como el papel y el micrófono aguantan todo, esa última carta tampoco fue respondida…Rosario se quedó en silencio.

Mujeres sin tierra: una dura realidad

En Nicaragua, según datos del IV Censo Nacional Agropecuario (IV CENAGRO) se establece que en un universo de 261,321 titulares de tierras, los hombres representa el 76.81% y las mujeres apenas el 23.19%.

Esta discrepancia en las cifras, trae a su vez, otros conflictos en los que las menos favorecidas son las mujeres campesinas, ya que, al no poseer títulos de propiedad, no pueden acceder a créditos, ni a programas sociales que les permitan garantizar su subsistencia y la de su familia, por lo tanto, su derecho al trabajo es condicionado.

Los datos arrojados en el Diagnostico Rural Participativo con Enfoque de Género del 2009, realizado por la Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua R. L. (FEMUPROCAN) en cinco departamentos del país y una región Autónoma, reflejan que el 57 % de los hogares rurales está a cargo de una mujer que se ve imposibilitada de trabajar la tierra por dos motivos: la falta de crédito (55 %)  y falta de tierra (26 %), lo cual corrobora que la tenencia de tierra es el  principal factor de ilegalidad en el que viven las mujeres.

“la vida de una mujer rural que no tiene tierra es muy dura, muy difícil, a veces queremos alquilar la tierra, queremos trabajarla y producirla y no podemos porque los grandes  empresarios pagan la tierra muy cara y nosotras no podemos pagarla al precio que ellos la ofrecen, sin tierra no podemos asegurar ni la comida de la casa” explica Dania López, lideresa campesina de la comunidad Chiquimulapa, Posoltega del departamento de Chinandega.

López, es el claro ejemplo de la lucha de las mujeres sin tierra, la mayoría jefas de sus hogares que además de sustentar a sus familias, se ven obligadas a someterse al alquiler desigual de las parcelas por la que pueden llegar a pagar hasta 200 dólares cosechen o no y muchas veces entregar el 50 % de sus ganancias o de la producción a quienes les alquilan.

“empecé a trabajar el campo a los 12 años, tengo 32 y nunca he sido propietaria de tierra, con una parcela mi vida cambiaría, si tuviéramos tierras sacáramos la producción a todo el país, produciríamos más, sin tierra sembramos poco y por tuquitos producimos solo para la comunidad, las mujeres de la ciudad tienen que informarse y leer sobre nosotras lo que hacemos y unirse a esta lucha porque si producimos hay pan en sus mesas”, puntualizó López.

La lucha de las mujeres campesinas continuará, eso es seguro, pues están enfrentándose a un Estado “machista, misógino y patriarcal”, como lo aseguró María Teresa Fernández, pero su deseo y amor a la tierra las hace levantarse día a día, ponerse sus botas de hule e ir al campo a producir los alimentos para el país.

Juana Domitila Hidalgo no trabaja sembrando café, pero reafirma su intención de volver hacerlo si alguna entidad bancaría le diera crédito sin poner como obstáculo su edad, pues considera que eso es irrelevante y que la “tierra lo es todo” para ella. Por su parte, Dania López continúa manifestándose, a pesar de los grandes costos que requiere sembrar la tierra, lo sigue haciendo porque quiere dejar un precedente en su familia; una esperanza de que sí se puede hacer el cambio y ya no ser más una “mujer sin tierra”.